Frente al uso de la impresión 3D para fabricar piezas industriales o material sanitario en España, esta tecnología también ha encontrado un hueco en un mercado más peligroso, el de las armas. Las ametralladoras o pistolas impresas en 3D son prácticamente imposibles de rastrear, un problema que la administración de Joe Biden en Estados Unidos quiere atajar con mayores restricciones.
El actual inquilino de la Casa Blanca está adoptando una postura algo más estricta que su antecesor con respecto a este nuevo mercado tan difícil de controlar. El Departamento de Justicia ha emitido una serie de medidas con las que se pretende serializar este tipo de armas caseras.
En EEUU conseguir un arma de fuego es más sencillo que en España, pero aún así no todo el mundo cumple los requisitos para poder comprar una de forma legal. Por eso, este tipo de armas que se pueden imprimir desde casa suponen un peligro. Se descargan de internet y se imprimen sin ningún control. Si alguien comete un delito, no se podrá rastrear a su dueño, de ahí que se denomine armas fantasmas.
Ni controles de calidad, ni registros de compra y venta. Las nuevas medidas establecidas por el Departamento de Justicia no solucionan todo el problema, pero sí se centran en parte, impidiendo que estas armas lleguen a las tiendas legales. No se podrán imprimir en casa y después venderlas si no cuentan con alguna marca que permita rastrear sus orígenes.
Los distribuidores y armeros con licencia federal deberán serializar cualquier arma de fuego que pretendan vender. Medidas como éstas no permiten controlar el acceso al mercado ilegal, pero disuaden a los comerciantes autorizados de incluir estas armas en sus expositores.
Esta regla no solo se dirige a las pistolas ya impresas, sino que también afecta a los kits de compra que ofrecen todo lo necesario para construir un arma en casa y disparar, así como a las armas fabricadas con receptores divididos, es decir, la parte que une el cañón y el gatillo. Deben estar serializadas y tratarse como las demás armas de fuego con los mismos requisitos legales de licencia, así como la correspondiente verificación de los antecedentes que pueda tener el comprador.
Los vendedores deberán guardar los registros de ventas y armas hasta que su negocio cierre y no solo 20 años después de la distribución como se exigía hasta ahora. Tras cerrar esos registros se transfieren a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, conocida como ATF.
Mientras que la administración de Donald Trump era más partidaria a la legalización de estas armas caseras, la nueva dirección de Joe Biden es más restrictiva con este mercado. «Estas armas son las armas elegidas por muchos criminales», dijo Biden durante un evento en la Casa Blanca. «Vamos a hacer todo lo posible para privarlos de esa opción», recoge Reuters.
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